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Politica: Espionaje, fragmentación y vigilancia
04/11/2019 | 12 visitas
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A medida que el hechizo neoliberal empieza a trastabillar en diferentes países, empiezan a divisarse los mecanismos utilizados por los poderes concentrados para manipular y confundir a segmentos específicos de la sociedad.
En la última semana la empresa Facebook fue condenada en el Reino Unido a pagar una multa de 500.000 libras esterlinas (643.785 dólares) ante el ente público de control de la privacidad de datos personales [1]. En la misma semana la empresa WhatsApp, propiedad de Mark Zuckerberg desde 2014, demandó a la empresa israelí de vigilancia cibernética NSO Group por espiar en 20 países, entre los cuales se encuentra Argentina. Los funcionarios de WhatsApp señalaron en su acusación que se trata de actividades de espionaje a 1400 objetivos (teléfonos celulares) detectados hasta la actualidad. Entre los relevados figura la vigilancia de 100 periodistas y decenas de activistas de derechos humanos [2]. En julio último, Facebook fue condenado por el gobierno de Estados Unidos a pagar 5.000 millones de dólares por violar las regulaciones de privacidad de la información. La imputación se refiere a la entrega de 200 millones de perfiles de sus usuarios a la empresa Cambridge Analytica. Dichos datos fueron utilizados en diversas campañas electorales como el Brexit, el triunfo de Mauricio Macri en 2015 y en 2017 y el éxito de Donald Trump en 2016 [3].

A medida que el hechizo neoliberal empieza a trastabillar en diferentes países, empiezan a divisarse los mecanismos utilizados por los poderes concentrados para manipular y confundir a segmentos específicos de la sociedad. Los tres dispositivos centrales que han sido empleados son:

  • El espionaje y vigilancia de referentes políticos, gremiales y/o judiciales con el objetivo de controlarlos, extorsionarlos o paralizarlos.
  • La segmentación de grupos sociales operables (capaces de ser influidos), utilizando como insumo para su catalogación la Inteligencia Artificial (IA).
  • La multiplicación de operaciones de prensa basadas en datos obtenidos por medios ilícitos (sumados a los recursos provenientes de la IA), destinados a imponer climas sociales, culturales y económicos enfrentados a los intereses mayoritarios.

Los tres procedimientos manejan herramental tecnológico y son complementarios a la construcción política clásica, territorial e identitaria. Se superponen y buscan retroalimentarse conjuntamente. Operan sobre conjuntos sociales poco politizados a partir de la utilización de información clasificada que es intervenida y manipulada para conseguir efectos de resentimiento y odio hacia referentes populares. La multa a Facebook y la demanda a NSO Group exhiben la práctica habitual de los tres dispositivos: la modificación, alteración y configuración de relatos públicos acordes a la imposición de intereses concentrados.

El último 11 de septiembre el juez federal Alejo Ramos Padilla tomo declaración testimonial al empresario israelí Dov Kilinsky, quien aparece en los archivos extraídos de las computadoras de Sebastián D’Alessio como un distribuidor de aparatología de seguridad, vigilancia, seguimiento, encriptación y espionaje [4]. En su declaración Kilinsky acepta ser integrante de la Cámara de Comercio Argentino Israelí, liderada por Mario Montoto, a quien D’Alessio identifica en varios intercambios de WhatsApp como “MM” o “el 1”. Admite, además, ser el representante de la empresa madre de NSO Group, la Israel Aerospace Industry, IAI, constituyéndose como su representante en Argentina desde 2013 [5].

Ciberguerra macrista

El interés de Mauricio Macri por el espionaje ilegal se remonta al caso de las escuchas telefónicas sufridas, entre otros, por familiares de las víctimas de la causa AMIA. Una vez asumida la presidencia en diciembre de 2015, luego de que Macri fuera desvinculado en forma sorpresiva de la imputación por espionaje, la tarea quedó en manos de Patricia Bullrich, que apeló a la colaboración de varios intermediarios con empresas israelíes proveedoras de tecnología de seguridad. El 24 de julio de 2016 Bullrich declaró que “estamos trabajando con la Dirección de Comunicaciones de la Corte (la ex OJOTA, encargada de las escuchas telefónicas) un establecimiento de protocolos. El otro tema al que nos estamos dedicando fuerte es el de la creación de un protocolo unificado de emergencias. El diputado Waldo Wolff lo está trabajando con expertos de distintos lugares en el mundo, para saber qué hacer y cómo operar para que no se colapsen las comunicaciones y la logística” [6].

Meses después de este reconocimiento (o lapsus) público, el diputado Waldo Wolff acompañó a Tel Aviv a Patricia Bullrich a la cuarta Conferencia de Ciberseguridad, exposición en la que se ofertan y comercializan dispositivos tecnológicos destinados al control del terrorismo y la seguridad pública [7]. Del convite participó también Dov Kilinsky. En esa oportunidad el ministerio de Seguridad adquirió un paquete de ciberseguridad que costó al erario público la suma de 5.200.000 de dólares, cuyo desarrollo bien podría haber sido realizado con recursos propios, provenientes de las tecnologías existentes en el INTI o el CONICET.  El software comprado está orientado –según se informó— a prevenir ataques terroristas. Posee la capacidad de recolectar y procesar datos de redes sociales. El último 24 de diciembre de 2018, horas antes de la celebración de la Nochebuena, el diputado Waldo Wolff dialogó con el misógino locutor Baby Etchecopar en su programa radial El Ángel del Mediodía, en relación al aniversario de la muerte de Alberto Nisman, uno de los temas que más apasiona al ex arquero suplente del club Atlanta. En el transcurso del reportaje pasó desapercibida una frase del legislador, asiduo asistente a los paneles de debate vespertino de carácter político revisteril. “Yo también –afirmó, eufórico— tengo acceso a carpetas de la vida privada de mucha gente” [8].


Espionaje en América Latina

En enero de 2015, la Corte Suprema de Panamá difundió el resultado de una investigación sobre espionaje de la que resultó imputado el ex Presidente de ese país, Ricardo Martinelli. La imputación, que supuso el inmediato pedido de extradición de Martinelli –que en 2015 se encontraba residiendo en Estados Unidos— se basó en la acusación de utilizar una aplicación de vigilancia remota conocida como Pegasus, creada y comercializada por NSO Group. Martinelli fue detenido el 12 de junio de 2017 en Miami. En el juicio el ex Presidente reconoció que el Estado panameño adquirió, durante su presidencia, soportes de espionaje a dos empresas de ciberdefensa israelíes (NSO y MLM Protection), con la que se realizaron escucha y capturas de pantalla de más de 130 celulares de políticos, empresarios y miembros del Poder Judicial [9].

El 19 de junio de 2017 el New York Times (NYT) reveló que el gobierno mexicano y diferentes empresas privadas de ese país desarrollaron acciones de vigilancia, con la utilización de la aplicación Pegasus, contra periodistas, políticos de la oposición, integrantes de organizaciones no gubernamentales y miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que evaluaban la desaparición de los 43 estudiantes de magisterio de Ayotzinapa. La administración del entonces primer mandatario Enrique Peña Nieto, previa al actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador, había adquirido el software espía Pegasus a través de la Procuración de la Nación, el 29 de octubre de 2014, con un costo de 32 millones de dólares.

Según los datos revelados por el NYT, entre los vigilados por el gobierno mexicano se hallaban periodistas como Carmen Aristegui, una de las más reconocidas de ese país. La fuente prioritaria del artículo publicado por el NYT fue el dossier difundido por Citizen Lab, de la Universidad de Toronto, uno de los centros más rigurosos en el monitoreo de las políticas que atentan en todo el mundo contra la privacidad. Su relevamiento se titula “Espionaje gubernamental: monitoreo sistemático de periodistas y defensores de derechos humanos en México” [10].

Pocos días después de esta investigación del NYT, el 17 de septiembre de 2017, Horacio Verbitsky divulgó pormenores de la visita del primer ministro Benjamín Netanyahu a la Argentina, detallando los acuerdos alcanzados con el gobierno de Macri. Entre los integrantes de la numerosa comitiva de empresarios que acompañaron al líder del Likud, partido de la derecha israelí, figuraban los CEOs de dos corporaciones, MLM Protection y NSO Group.[11] Los funcionarios comercializadores de Pegasus recordaron ante interlocutores del gobierno argentino que NSO fue fundada en 2010 por mayor general Avigdor (Janusz) Ben-Gal, quien fuera anteriormente presidente de la empresa estatal Industrias Aeroespaciales de Israel (IAI). MSO y MLM son dos de las start-ups creadas a partir de la planificación militar estratégica, con base militar de la Unidad 8200, ubicada en el Neguev, cerca de Beersheva, encargada de la investigación y la comercialización de productos ligados a la ciberguerra.

A partir de la asunción de Alberto Fernández y CFK, una parte indeterminada de la información obtenida mediante la utilización de esta aparatología quedará en manos privadas. Por su parte, los dispositivos adquiridos por la actual gestión macrista seguirán controlados en forma remota por quienes los comercializan y los datos obtenidos seguirán almacenados en servidores lejanos, dispuestos a ser utilizados como ariete político en los próximos 4 años.

La ingenuidad es un territorio fértil para el asombro y el descubrimiento en territorios donde prima la honestidad y el mutuo reconocimiento. Pero puede ser una maldición en la gestión política donde los monstruos de las corporaciones trasnacionales se disponen, con minuciosidad planificada, a limarte hasta las ganas de vivir. Habrá que construir mecanismos de respuesta para enfrentar tamaño poder. Hay recursos suficientes para hacerlo. Descuidarse supondría una omisión imperdonable.





Por Jorge Elbaum en El Cohete a la Luna.


[1]. La multa es ínfima porque la Ley que pena el robo de la información para su utilización en Inteligencia Artificial (IA) fue aprobada en 2018, y el delito juzgado es anterior a dicha regulación. En la actualidad la misma infracción supondría un monto cercano a los 1000 millones de dólares.

[2]. http://bit.ly/2q41391 y http://bit.ly/2q69cty

[3]. http://bit.ly/2NttTHF

[4]. Ver la excelente cobertura realizada por el periodista Juan Alonso para La Insuperable http://bit.ly/33fccTb y Nuestras Voces, http://bit.ly/322oJaX

[5]. Declaración de Dov Kilinsky ante el juez. Página 7. En: http://bit.ly/324rI2P

[6]. http://bit.ly/336HE5J

[7]. http://bit.ly/2C1DJez

[8]. http://bit.ly/336VGV5. La frase se encuentra en el minuto 7.20.

[9]. http://bit.ly/2C486RI

[10]. http://bit.ly/2Nv9FgJ

[11]. A fines de 2014 el fondo de inversión Francisco Partners (FP) adquirió el 70 por ciento del paquete accionario de NSO Group por un monto de 140 millones de dólares. Al momento de la compra tuvo que aceptar los requerimientos de las políticas de seguridad del vendedor, que exige la continuidad operativa de la gestión de este tipo de empresas (y de la ubicación de sus servidores) en Israel. Uno de los más importantes inversores de FP es curiosamente Paul Singer, el máximo referente de los fondos buitres a quien Macri concedió un pago de 10.000 millones de dólares en abril de 2016. Todo cierra.
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